A finales del mes pasado, la administración de Trump anunció que pondría fin al informe anual de Seguridad Alimentaria de los Hogares, poniendo fin a un precedente de 30 años que ha sido la medida más confiable del país sobre el hambre y el acceso a los alimentos. Durante décadas, este informe ha ayudado a defensores, agencias estatales y legisladores a entender dónde persiste el hambre, cómo están funcionando las políticas y qué comunidades necesitan más apoyo.
La administración citó la “redundancia” y la “politización” como justificaciones para terminar la encuesta, pero el momento cuenta una historia diferente. Tras la aprobación de H.R. 1 – el gran proyecto de ley del presupuesto del Presidente, lo que reduce el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en casi $186 mil millones durante la próxima década — esta medida es parte de un esfuerzo coordinado para socavar la transparencia, debilitar la rendición de cuentas y limitar la comprensión pública del hambre en los Estados Unidos. El informe final se espera a finales de este mes y será el último de su tipo.
Sin estos datos, los legisladores y defensores ya no podrán seguir de cerca cómo los recortes al SNAP y otros programas de nutrición están empeorando el hambre y la pobreza. Es un paso deliberado de la administración para ocultar el impacto de los recientes recortes a los programas federales de nutrición y otros programas esenciales de redes de seguridad.
Además del daño, la administración también propuso una nueva regla que haría más difícil que los pequeños minoristas se conviertan o permanezcan autorizados por SNAP. La regla impondría requisitos de almacenamiento más estrictos y descalificaría ciertos alimentos preenvasados para que no se cuenten como artículos elegibles.
Si bien estos cambios pueden parecer mínimos, su impacto es real y devastador. Los minoristas pequeños e independientes, especialmente los de comunidades rurales o de bajos ingresos, soportarán la carga más pesada.Muchas de estas tiendas ya operan con márgenes muy estrechos; nuevos mandatos de almacenamiento y restricciones de SNAP significan costos más altos, menos ventas y, en muchos casos, la opción imposible entre permanecer abierto o cerrar.
Cuando los pequeños minoristas cierran, comunidades enteras pierden el acceso a alimentos asequibles y nutritivos, lo que profundiza la inseguridad alimentaria. Estos cambios vienen bajo el disfraz del movimiento Make America Healthy Again (MAHA), citando la necesidad de reducir y regular las dietas de los consumidores restringiendo el acceso a alimentos considerados “no saludables”. Pero estos cambios hacen que Estados Unidos tenga más hambre.
Si nos tomamos en serio la mejora de la salud y el bienestar de las personas en todo Estados Unidos, debemos defender tanto los sistemas que mantienen a las personas alimentadas como los datos que impulsan las decisiones políticas.
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Por Dayana Leyva, Gerente de Políticas
